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 Baja
de la edad de imputabilidad
Una propuesta que no ganó
consenso
Por
Marcelo De Biase
Los
mensajes desde ámbitos de autoridad, dirigidos a la
sociedad, deben ser meditados, masticados y elaborados para
no sembrar confusión y falsas expectativas en la población.
La
propuesta de bajar la edad de imputabilidad, realizada en
forma estridente por el gobernador Scioli y parte de su gabinete,
mediática y a ritmo de la opinión interesada
de algunos medios, obturó un debate necesario que se
estaba profundizando en nuestra provincia a partir de la sanción
de la ley 12.607 a fines del año 2000. Ese debate giraba
en torno a las políticas públicas dirigidas
a la infancia y al indelegable rol del Estado de cambiar su
relación con la niñez bonaerense.
La
lucha de ONGs, movimientos sociales y trabajadores para superar
el decreto 10.067 pareció paralizarse con las palabras
de la máxima autoridad política gubernamental
de la provincia de Buenos Aires a fines de Octubre de 2008.
Muchos
suponíamos, equivocados, que la propuesta de bajar
la edad de imputabilidad obtendría grandes consensos
por parte de sectores políticos y sociales, identificados
históricamente con el ideario represivo y segregador
como base de las políticas dirigidas a la niñez.
La reacción rápida de sectores progresistas
identificados con el campo popular y la justicia social ensanchó
el debate y puso en la agenda mediática y política
a los postergados niños, a sus cruentas realidades
cotidianas y a las falencias del Estado provincial para resolver
esas cuestiones. Por suerte el debate se ha hecho público,
persiste y se enriquece, ensanchando la cancha más
allá de los límites que le impuso el discurso
del gobernador.
El
Estado provincial tiene una gran deuda con la niñez.
Por ello amplios sectores políticos y sociales corrieron
la bocha, organizaron marchas y propusieron ideas profundas
que unieron a militantes y trabajadores de variadas vertientes
políticas y sociales. Esto es un saldo más que
positivo, ya que la discusión de propuestas no hace
más que favorecer su riqueza.
Para
algunos la propuesta emitida desde la gobernación,
por su estridencia, nos pareció violenta y peligrosa;
acotada, pobre y falta de profundidad. Repasando un poco la
historia, parecería que existe un discurso que ha sostenido
las prácticas represivas y punitivas hacia la niñez,
que no han hecho sino profundizar la segregación social
y la exclusión de amplios sectores. Nos atreveríamos
a sintetizar estas propuestas en tres ejes, simples:
1.
El control social punitivo es la herramienta básica
de abordaje de los sectores que deben ser moralizados por
su potencial peligrosidad para la sociedad de los integrados.
2. La segregación (secuestro institucional) es el método
que permitirá abordar a esos individuos.
3. La elusión de la comunidad y sus organizaciones
como parte de cualquier estrategia de inclusión social.
Estas
propuestas derivan de una concepción acabada del ser
humano muy particular, que culpabiliza a las personas por
las omisiones del Estado, que supone al sujeto aislado de
su medio y a los niños como semillas que crecen según
la suerte del agua que los riegue y no como productos sociales,
como subjetividades concretas de momentos históricos
determinantes.
Desde
la dictadura militar hemos sido presa del llamado pensamiento
neoliberal, que ha sembrado su ideología en la economía
y la sociedad argentina. Los lazos sociales, históricamente
solidarios de nuestro pueblo, se han transformado en competencia
salvaje, en la guerra de todos contra todos, en el sálvese
quine pueda y en individualidades posesivas y consumistas.
Esta forma de vínculo es mamada por nuestros niños,
transmitida por los adultos y los grandes medios de comunicación,
es una forma de convivir que se produce y reproduce incesantemente
y alienta la despreocupación por los próximos,
por los semejantes. Y esto ha sesgado la cosa pública
en muchas ocasiones a partir de propuestas que no son para
todos, que se olvidan de muchos y que alientan falsas esperanzas.
Nuestro
compromiso como militantes, trabajadores, funcionarios y pensadores
es estimular una nueva relación de los niños
y los jóvenes con la "cosa publica", con
el interés común, con la historia compartida.
Ya no desde el individualismo, sino desde la organización
solidaria, el espíritu colectivo y la posibilidad de
cambiar la historia, apropiándose de dos herramientas
fundamentales: la Política y el Estado.
Si
promovemos la profundización de la distribución
equitativa del ingreso, la justicia social y la participación
popular, debemos ser consecuentes en los dichos y en los hechos.
Los
anuncios estridentes confunden, más cuando las propuestas
se basan en datos empíricamente falsos. Lo que se debe
debatir es el rol del Estado en la construcción de
una sociedad más justa, las prácticas estatales
perturbadoras del desarrollo de los niños y esas terribles
"inercias" administrativas, técnicas y profesionales
que siguen segregando, estigmatizando y violentando a los
niños, las niñas y los jóvenes de los
sectores sociales que han quedado al borde, o del todo afuera
de los beneficios de la seguridad social.
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