Baja de la edad de imputabilidad

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por Marcelo Koyra

El 22 de octubre del año 2008, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires junto a sus ministros de Justicia, Desarrollo Social y autoridades del área Seguridad anunció la iniciativa de impulsar el debate tendiente a "bajar la edad de imputabilidad para adolescentes imputados en delitos graves" , de esta manera el gobierno provincial intentaba acotar el dolor y el estupor social causado ante el hecho traumático, indigerible, de un nuevo suceso de inseguridad, el asesinato del Ing. Barrenechea. El hallazgo de un responsable, aliviaría la crisis…

La afirmación de que los adolescentes menores de 16 años eran los responsables del incremento de la inseguridad pública, por lo cual "hay que hacer algo con ellos…" constituyó un acontecimiento de tal magnitud que abrió una nueva encrucijada en nuestra vida social. Muy pronto actores relevantes de la vida pública empezaron a manifestarse a favor o en contra de la iniciativa (diputados provinciales y nacionales, el Jefe de Gabinete de la Nación, miembros de la Corte Suprema de Justicia, etc.). Quedó expuesto entonces que el bálsamo no hacía más que amplificar el conflicto.

23 de octubre, año 2008, apenas un día después…. sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia: "Martha ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos?" La conmoción reinante en el lugar no alteró el pensamiento, ni el compromiso asumido por la conductora del área de Niñez y Adolescencia en pos de transformar la preocupante situación que atraviesa dicha población. Propuso entonces al ministro Arroyo, alimentar el debate responsablemente utilizándo información precisa, que permitiera evaluar objetivamente la dimensión del problema, ya que los datos que se manejaban en los medios y otras áreas del ejecutivo no eran fidedignos y la información existente en el área de Niñez y Adolescencia desde ningún punto de vista justificaba el cambio normativo que se pretendía impulsar. Vale señalar que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil está creado en nuestra provincia en todos los departamentos judiciales, y constituye la herramienta indispensable que debe profundizarse.

El debate señalado, aún pendiente, es portador de novedades en la visión que tienen los máximos decisores políticos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en relación al problema de la niñez y adolescencia en situación de alta vulnerabilidad y su presunta vinculación con el delito.

Los días subsiguientes fueron aleccionadores en este sentido: los problemas no resueltos que vivimos como sociedad y que afectan dramáticamente a la niñez y la adolescencia con derechos vulnerados quedaron oscurecidos por la supuesta amenaza que representa este sector para la convivencia pacífica de nuestra sociedad.

Detrás de discursos presumiblemente garantistas y bien intencionados se advierten notorias señales que reflejan los nuevos cursos de pensamiento y acción:

1. Las políticas vinculadas a la promoción de los derechos y al desarrollo de la niñez y la adolescencia comienzan a ocupar un segundo plano en la agenda pública provincial. A la cabeza de esta agenda se encuentran las acciones dirigidas a contener a la adolescencia en situación de riesgo, verdadera amenaza para nuestra sociedad, "algo hay que hacer" y ese qué hacer se discutió hasta fin de año en la mesa de de las políticas de Seguridad y Justicia provincial.

2. El incremento del presupuesto provincial solicitado por la gestión de la Lic. Martha Arriola para atender esta población fue reorientado y destinado a garantizar la existencia de nuevos sitios de encierro, relegando toda acción de prevención, promoción, protección y restitución de derechos.

3. El área que debe atender la problemática de la niñez y adolescencia con derechos vulnerados vuelve a restringir su objeto de trabajo y a burocratizar su procedimiento bajo la tutela de un discurso netamente jurídico, que niega en acto la complejidad del objeto de intervención, alejando la práctica concreta del diseño de verdaderas políticas públicas y distanciándose además de la comunidad, sin la cual ningún cambio institucional de fondo es posible.
Su actividad se centra predominantemente en la atención de los casos críticos que trabajosamente acceden a los servicios zonales y locales, postergando y relegando a planos secundarios la implementación de los programas de integración comunitaria (PIC) que tendían a generar la promoción del desarrollo local para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia; otra vez los ejecutivos municipales vieron postergado el acompañamiento de la provincia.

4. Se resigna la expectativa de jerarquizar el área, lo que implicaba dotarla de mayor autonomía en la gestión y de mayor presupuesto para la ejecución de sus misiones y funciones, a través de la restitución de un rango institucional pertinente para abordar la problemática específica. Recordemos que otrora existía el Consejo Provincial con rango de Ministerio y dependencia directa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Haciendo un breve recorrido de la trayectoria institucional del área en los últimos 8 años, observamos que lo señalado no es un suceso aislado, sino que profundiza la tendencia histórica existente. A saber:

En el año 2002 se produce la degradación institucional del área que pasó de ser un organismo con rango ministerial, a una Subsecretaría cada vez más acotada (Cenicienta en el concierto de las políticas sociales), sin autonomía ni gestión ágil para resolver situaciones críticas.

Posteriormente se aceptó la sustitución de la ley 12.607 sancionada por unanimidad en el año 2001, por la ley 13.298 carente de consensos, constituyendo una salida transaccional a los debates no saldados y dando como resultado una normativa híbrida más limitada que la anterior (en publicaciones posteriores volveremos sobre este punto)

El golpe de gracia lo da su decreto reglamentario Nº 300 que genera el cómodo desentendimiento de las misiones y funciones inherentes e indelegables del área en la construcción de la ingeniería institucional en la cual se apoya el funcionamiento del nuevo Sistema de Promoción y Protección de Derechos. En consecuencia, se cede su edificación a terceros actores que tienen una responsabilidad e incumbencia complementaria no directa sobre la gestión de políticas públicas que debieran hacer posible un funcionamiento eficaz del Nuevo Sistema.

Otra renuncia sustantiva la constituye la implementación de programas preventivos como son las Unidades de Desarrollo Infantil y el Proyecto Adolescente (sumando ambos aproximadamente 200 millones de pesos de presupuesto anual) desde otras áreas ministeriales. Siendo escasa la articulación con el área de Niñez y Adolescencia, quitando potencia a la intervención integral y a la promoción del desarrollo local como herramienta preventiva para la promoción de la accesibilidad a la satisfacción de derechos.

Lamentablemente esto da como resultado:

- Ausencia de planificación para generar los dispositivos y programas que permitan abordar la creciente demanda que se genera en los extensos y variados territorios de la Provincia de Buenos Aires.
- Una construcción institucional que no da abasto, que tiene un grado de eficacia en la restitución de derechos que apenas araña el 50 % (según un estudio diagnóstico realizado en febrero de 2008 con 250 profesionales de tres Servicios Zonales y 34 Servicios Locales).

- Confusión y desconocimiento en la ciudadanía y en distintos actores institucionales de los ámbitos locales acerca de las bondades y procedimientos para la atención de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.

- Abundante precarización laboral en el nuevo Sistema de Promoción y Protección de Derechos.

- Burocratización de algunos Servicios Locales y Zonales existentes que centran su tarea en la atención de casos reproduciendo un funcionamiento tribunalicio, alejado de los requerimientos, necesidades y demandas de la comunidad.

Estuvimos y estamos en un momento crítico en el abordaje de la problemática de la niñez y adolescencia con derechos vulnerados ya que no sólo no se generan los dispositivos y programas indispensables para garantizar la accesibilidad a la satisfacción de derechos sino que también se los criminaliza responsabilizándolos del incremento de la inseguridad pública.

En este contexto aciago resulta auspicioso saber que las nuevas autoridades del área de Niñez y Adolescencia mantienen altivo su genio pues nos revelan que el anuncio realizado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires de impulsar la baja de la edad de imputabilidad, -vinculando fatalmente a un sector de los niños y adolescentes de nuestra provincia con el aumento de los delitos- no tenía por objeto reparar la política de Seguridad de la provincia sino muy por el contrario lo que se buscaba era implementar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la Nación generando para todos los niños de nuestra República garantías procesales y penas morigeradas en caso de que transgredan la ley. Agradezco a los devenidos en especialistas la explicación técnica que alivió mi preocupación ya que nos alertan que no se trataría "técnicamente de una baja de la edad de imputabilidad" .

Seguramente las 20.000 personas que participaron de las marchas realizadas en los meses de noviembre y diciembre en La Plata frente a la casa de gobierno oponiéndose a la baja de la edad de inimputabilidad mal interpretaron al igual que yo semejante iniciativa progresista.
Comencé a trabajar en el área de Niñez y Adolescencia en el año 1987 en el primer Programa de "Chicos en Situación de Calle", tengo 21 años de antigüedad como empleado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, hablo desde el lugar del laburante, desde mi posicionamiento militante y desde mi formación profesional, raíces, todas ellas, de mi trayectoria laboral pública y privada.
Me permito hilvanar estas líneas para seguir aportando a la construcción y el fortalecimiento del Nuevo Sistema de Promoción y Protección de Derechos. Estamos ante una nueva encrucijada, la reacción de la militancia social y de algunos referentes políticos y técnicos para sostener un debate que dé estatura conceptual y política a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad alienta esperanzas para el futuro inmediato.