Jerarquización del área

Un ARBA para los pibes

En diciembre de 2007 la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 13.766 que dejó formalmente creada la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

De esta forma se daba inicio a una entidad autárquica que tiene como meta "la ejecución de política tributaria mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos" en el territorio bonaerense.

La ley estableció que el ARBA es la Autoridad de Aplicación del Código Fiscal de la Provincia, y le dio facultades, entre otras, celebrar convenios con los municipios a fin de mejorar su funcionamiento; organizar el diseño interno de la entidad; definir su estructura funcional y proponer el plantel básico correspondiente de acuerdo a la asignación presupuestaria. Para tal fin la Agencia está habilitada a administrar y resolver los gastos e inversiones de los recursos asignados a la entidad, transferir partidas presupuestarias, proponer la venta de bienes, autorizar, adjudicar y contratar obras y servicios, y adquirir bienes, bajo cualquier título y modalidad, como así también aceptar donaciones con o sin cargo.

El ARBA también quedó facultado para realizar campañas en medios de comunicación para informar los propósitos y los resultados del organismo y realizar convenios de colaboración con entes públicos, privados o mixtos en el ámbito de las materias que hacen a su competencia.

En definitiva, un amplio espectro de disposiciones que le otorgan al ARBA la capacidad de
realizar sus dos principales propósitos: mejorar sustancialmente los niveles de recaudación y generar una conciencia de cumplimiento fiscal en los ciudadanos bonaerenses.

Pero cabe preguntarnos qué fue lo que llevó al estado provincial a modernizar y jerarquizar las facultades de la Dirección de Rentas para crear el ARBA.
La respuesta es simple: fue la crisis.

¿Equivalencias?

Más tarde que temprano, los argentinos comprendimos que el corrimiento del Estado de áreas estratégicas como la educación, las políticas sociales y la creación de condiciones de productividad provocaba estragos que se traducían en un exponencial crecimiento de la desocupación, la pobreza y la indignidad.
Reasumir un rol estatal activo que desplegase medidas tendientes a mejorar las deterioradas estadísticas sociales puso en evidencia la necesidad de finaciamiento. Y las formas de financiamiento del estado no son muchas: o se recurre a organismos de créditos con las consabidas exigencias que de ello se desprende o se afianza el mecanismo más genuino de capitalización, una efectiva política fiscal.
Por supuesto que esto llevó tiempo. Aquel estado excepcional de cosas que obligó a la Provincia a emitir una cuasi moneda como los Patacones para asumir sus compromisos, también tuvo que establecer criterios excepcionales para superar esa situación. La Provincia consideró entonces como una absoluta prioridad la reestructuración de la política fiscal para mejorar la recaudación.
Ahora bien, si las pésimas condiciones económicas y sociales en las que se encontraba el país y la provincia hicieron necesario afianzar las políticas recaudatorias para implementar medidas redistributivas, vale preguntarse qué otras áreas revisten la misma necesidad. Qué otros sectores deben considerarse de interés superior.
La respuesta vuelve a ser simple y engloba al sector más vulnerable de nuestra sociedad: los niños.

En marzo de 2007 un informe reveló que el 48 por ciento de los menores de 9 años no recibía la alimentación y la vestimenta adecuada. Es decir, que el 48 por ciento de los más de 2 millones y medio de niños de la Argentina era pobre. Del estudio también se desprendía que el 50 por ciento de los niños de los centros urbanos vivían en hogares sin cobertura médica.(1)

Recordemos que en 1975 la pobreza alcanzaba apenas a un 4 por ciento de la población infantil. En tan sólo 32 años nuestro país universalizó la pobreza. Este es motivo suficiente para buscar la herramienta más idónea para enfrentar la situación de crisis, dándole la necesaria jerarquía, especificidad y agilidad de gestión a la Autoridad de Aplicación de las políticas públicas de niñez. Existen otros argumentos para sustentar este criterio:

• Antecedentes legales que otorgaban al área de niñez naturaleza de ente autárquico. Ya la ley 4547 de 1937 que crea la Dirección General de Protección a la Infancia le otorgaba "personería jurídica" y atribuciones para "Intervenir directa y administrativamente en toda cuestión relacionada con la protección del niño" (art. 8 inc. a), y "La administración, aplicación y contralor de los fondos que por cualquier concepto se destinen a la protección de menores." (art. 8 inc. b), entre otras. El Consejo Provincial del Menor (1996-2002) contaba con autarquía y dependencia directa de la Unidad Gobernación. La ley 12607 establecía la creación del Consejo Provincial del Niño y el Jóven con idénticas atribuciones.
• Coherencia con los deberes del Estado para con los niños que se estipulan en la ley 13298. Entre otros "asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos"; "remoción de los obstáculos de cualquier orden" que "impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su activa participación en la comunidad"; "asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez".
  Sin duda es un "obstáculo" a remover que gestiones urgentes vinculadas a la promoción y protección de niños se pierdan durante meses o años en la burocracia de un ministerio gigantesco. No es clara la "aignación privilegiada de recursos" cuando el área específica cuenta con solo el 12,7% del presupuesto general del Ministerio de Desarrollo Social.

La propuesta

Durante el año 2008, tras varios meses de gestión y un profundo análisis, el equipo de trabajo que encabezaba la entonces Subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Martha Arriola, evaluó que el área se encontraba frente a una situación de emergencia, arrastrada durante décadas. Era ostensible que la estructura de la Subsecretaría no era suficiente para enfrentar la catástrofe social que atraviesan millones de pibes. Por ese motivo se le entregó al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Daniel Arroyo, un proyecto que pretendía dictar la emergencia administrativa del área de niñez y adolescencia en toda la Provincia; crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador; y triplicar el presupuesto asignado para el área. La propuesta no fue considerada.

Ante esa situación el proyecto se elevó en la Legislatura bonaerense. La iniciativa parlamentaria que fue presentada por la diputada Valeria Amendolara estipula la creación del Instituto Provincial de Niñez y Adolescencia. El objeto de esta entidad busca "promover y consolidar la instauración plena del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes estatuido por las leyes 26.061 y 13.298 y sus modificatorias, en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo la gestión y el cumplimiento de las misiones que al Poder Ejecutivo Provincial le incumben como integrante del referido sistema, y en su carácter de Autoridad de Aplicación".(2)

Para alcanzar un mínimo de eficacia acorde con las dificultades de la problemática, el proyecto de Ley le otorga al Instituto caracter de "entidad autárquica", con "personería jurídica para actuar pública y privadamente" ylas facultades de "administrar y ejecutar el propio patrimonio, de contar con una cuenta de gastos por cuenta de terceros, la de proponer designaciones, ascensos, remociones o traslados de personal, la de designar personal transitorio, entre otras".(3)

El Proyecto de Ley obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer y en estos momentos está siendo analizado en la Comisión de Políticas Sociales. Posteriormente deberá ser tratado en las comisiones de Reforma Política y del Estado; Presupuesto e Impuestos; y Asuntos Constitucionales y Justicia.

La experiencia nos ha demostrado que el modelo del Estado paternalista protector de los niños en situación irregular además de estar fundando en una concepción perimida, ha resultado inoperante. Pero esto no significa que el Estado se desentienda de la problemática de la niñez. Por el contrario, debe redoblar sus esfuerzos para encarar políticas universales desde la óptica del derecho. El Estado no debe volver al patronato, pero tampoco abandonar a los chicos a su suerte.

No podemos seguir eludiendo que las actuales herramientas de gestión del estado no son las adecuadas para afrontar un desafío de semejante magnitud. Por eso creemos que -así como se realizó en torno a la política fiscal- es urgente la jerarquización del área.
Hoy es menester tener una estructura que, respetando el marco que establece la ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, garantice el interés superior de todos los pibes.

El actual Gobierno supo articular en la Provincia los mecanismos para la creación de un Ente autárquico que pudiese atender las necesidades fiscales de un Estado que debe velar por el acceso a la educación, la salud, la seguridad y la asistencia de más de 11 millones de habitantes.

La gravedad que presenta hoy la situación de la niñez en nuestro territorio hace obligatorio adoptar decisiones similares para evitar un daño aún mayor del que ya hemos permitido.
Hoy más que nunca es necesario crear un "ARBA" para los pibes.

Proyecto de ley de creación del Instituto Provincial de Niñez y Adolescencia
proyecto-de-ley.doc

(1) Informe sobre la Deuda Social de la Infancia publicado por la Universidad Católica Argentina
(2) Ver Proyecto de Ley, Fundamentos
(3) Ver Op cit.