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Nueva
ley Penal Juvenil
Peras
al Olmo:
Por: Marcelo Koyra
Reflexiones
sobre la Justicia Penal, la Justicia Social
y la Seguridad Humana
"No debe ser temido el triunfo de
la ciudadanía; no debe ser temido porque se apoya en
la razón que asiste al pueblo para reclamar la justicia
que desde años atrás se le adeudaba, y en el
convencimiento de que, en paz y armonía, la justicia
llegará a todos los hogares en vez de pasar indiferente
ante la puerta de los humildes, de los que más necesitados
están de ella."
Juan Domingo Perón
(Mensaje de asunción, 4 de junio de 1946
"No hay que pedirle peras al olmo"
, el viejo dicho popular quiere representar la idea de que
es vano solicitarle a alguien o a alguna cosa aquello que
por su naturaleza, por su estructura o su composición
no está en condiciones de aportar.
Así acontece, precisamente, cuando
se busca solucionar el problema de la inseguridad provocada
por hechos de violencia o delitos donde hay involucrados niños
o adolescentes, con la sanción de una nueva ley, una
reforma legislativa que baje la edad de imputabilidad, depositando
la expectativa de resolver la problemática o buscando
soluciones en la justicia penal. Damas y caballeros, niñas
y niños, esa pera no la ofrece el olmo anhelado.
Los hechos ocurridos en Valentín Alsina
o tantos otros acaecidos diariamente donde hay involucrados
niños o adolescentes implicados como victimarios pero
muchas veces también como víctimas de la violencia
y el delito, hechos que usualmente no toman estado público,
nos confrontan con la existencia de un sin sentido
que debemos explorar e interrogar.
El dramático asesinato de Capristo
y las circunstancias en las que se produjo no debiera aislarse
del contexto social ni desvincularse de otros fenómenos
igualmente trágicos que parecieran no tener ninguna
relación causal entre sí pero, por el contrario,
suelen tener raíces comunes con el primero.
Para citar tan solo algunos ejemplos vale
mencionar el índice de mortalidad infantil: "murieron
3530 niños en la provincia de Buenos Aires por
cuestiones sanitarias; es decir, casi diez chicos por día,
según las estadísticas del Ministerio de Salud
bonaerense"(1)
, o el índice de mortalidad adolescente "La
muerte adolescente se triplicó entre 1995 y 2002.
En estos siete años pasaron de 400 a 1.200 decesos
por año". (2)
El Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires informa, además, que en el conurbano bonaerense
"Considerando ahora la variable sexo se observa sobremortalidad
masculina en todas las edades, aunque es más notoria
en el tramo que va desde los 15 a los 35 años con un
riesgo relativo superior a 2, riesgo que se acerca a 3 entre
los 20 y 24 años", para decirlo llanamente en
el Gran Buenos Aires se duplica o triplica, según la
edad, las posibilidades de muerte de nuestros adolescentes
y jóvenes. Vale aclarar que la misma fuente indica
que la principal causa de muerte en este rango de edad está
representada por las Causas externas (accidentes de tránsito,
violencia y otras causas similarmente traumáticas).
Datos duros, consistentes, que también
dan cuenta de otras muertes evitables, de otras muertes silenciosas,
de otros sin sentido.
Qué conexión hay entre estos
penosos sucesos? El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) definió en el año 1994 el concepto de
Seguridad Humana como la condición necesaria para
que las personas puedan ejercer sus opciones vitales de forma
libre y segura, con las garantías de amparo y protección
para llevar adelante su proyecto de vida, con una relativa
confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan
mañana.
La Seguridad y las condiciones mínimas
de Desarrollo Humano para llevar adelante una vida digna están
estrechamente interrelacionadas y se necesitan mutuamente.
La seguridad humana es un requisito para el disfrute del desarrollo
humano, que a su vez es necesario para hacerla viable.
"La seguridad humana no es un juego
de suma cero, en el que un grupo pueda conseguir la seguridad
a expensas de la de otro (como en la concepción clásica
de seguridad nacional), sino que dibuja un escenario en el
que todos ganan o todos pierden". (3)
Como dice Olga Restrepo, Universidad del Valle,
Cali, Colombia: "el impacto más grave de las violencias
y el más difícil de medir y cuantificar; es
el que se expresa en la distorsión ética que
se da cuando una sociedad reconoce y respeta de manera selectiva
las vidas humanas".
Si bien hay muchas acciones del gobierno nacional
que intentan combatir y eliminar la exclusión y la
desigualdad social, un rápido recorrido por nuestro
conurbano bonaerense nos demuestra que la meta aún
no se ha alcanzado. Dentro de este universo de pobreza y exclusión,
nuestros niños, niñas y adolescentes son quienes
sufren diariamente las mayores consecuencias: familias desintegradas
que no están en situación de acompañar
su proceso de crecimiento y desarrollo con las mínimas
condiciones de amparo y protección, servicios educativos
que no terminan de encontrar las estrategias adecuadas para
contenerlos y otras circunstancias indignas que les toca atravesar
sistemáticamente donde la discriminación de
los ámbitos institucionales de pertenencia hace punta,
pero viene acompañada de otros males como la falta
de acceso al servicio de salud, alimentación inadecuada,
vivienda hacinada, entre otros factores que terminan de configurar
un escenario vital, en el cual a la larga, por colección
de frustraciones es difícil discernir si merece ser
vivido.
La violencia adolescente es el resultado,
es el eslabón final de esta cadena de acumulación
de desventajas (Gonzalo Saraví, 2005) que comienza
en las instancias de socialización primaria: la familia,
la escuela y se prolonga a los ámbitos de socialización
secundara los clubes, el mundo del trabajo, el estado mismo
representado por organismos obsoletos que no terminan de salir
de su burbuja burocrática, etc.
Solemos encontrar niños, niñas
y adolescentes desencantados con el destino que les toca vivir,
enojados con los valores del mundo adulto y con aquellas instituciones
que debiendo acudir en su auxilio, sólo ofrecen ausencia.
En este contexto sus grupos informales, la
esquina, el barrio y aquellas organizaciones sociales de carácter
comunitario que toman a esta población como objeto
de sus intervenciones constituyen el "puente de plata"
para que estos niños, niñas y adolescentes se
reintegren a una vida social donde tengan acceso pleno a la
satisfacción de todas su necesidades, de todos sus
derechos.
Cómo lo señalaba palmariamente
Evita "donde hay una necesidad existe un derecho a
ser satisfecho". Alguien acaso supone que hubiera
esgrimido las herramientas de la justicia penal para resolver
este problema? Sin duda su apuesta siempre fue la Justicia
Social.
Esa es la solución, ese es el peral
donde vamos a encontrar peras. Sólo generando nuevas
instancias institucionales, aceptadas por aquellos que han
tenido una trayectoria biográfica de inequidades, insatisfacciones,
derechos vulnerados, vamos a poder disminuir la violencia
que estos mismos niños y adolescentes como un grito
desesperado generan.
En la provincia de Buenos Aires hay antecedentes
al respecto: el Programa de Respuesta Múltiple (PRM)
que comenzó a implementarse en el año 1998 y
se desarrolló a escala en el periodo 2004-2007 bajo
la conducción del Dr. Arslanián en el Ministerio
de Seguridad y el Programa de Integración Comunitaria
(PIC) acordado con más de 100 municipios de la
provincia bajo la conducción de la Lic. Martha Arriola
en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia
(y aún esperando ser ejecutado) señalan claramente
el camino y los atributos indispensables que debe tener la
propuesta estatal para resolver este problema.
Ofertas programáticas que fortalezcan
la integración social de niños, niñas
y adolescentes con derechos vulnerados, que hagan pie en el
nivel barrial a partir del trabajo de las organizaciones comunitarias
de base, en barrios seleccionados según indicadores
de alta vulnerabilidad social, generando instancias de recuperación
de los proyectos de vida saludables, formando adultos que
puedan asistir este proceso como educadores comunitarios en
los cuales la población infantil pueda apoyarse, proveyendo
algún recurso compensatorio que le sirva a estos niños
y a sus familias para paliar la urgencia y reengancharse en
el campo de una existencia con futuro, que pongan el énfasis
en desactivar los eslabones iníciales que forman la
cadena de violencia y delito con un fin eminentemente preventivo.
Estas acciones exitosas fueron discontinuadas.
Si no hay justicia social difícilmente el nuevo fuero
penal, bienvenido en su función de generar debido proceso
para todos los niños y niñas de nuestra provincia,
pueda resolver las cuestiones de fondo. Sólo con una
decidida acción estatal que invierta lo necesario (aproximadamente
200.000.000 de pesos) para abordar la problemática
de al menos 30.000 niños, niñas y adolescentes
en situación de altísima vulnerabilidad social
vamos a comenzar a resolver el problema.
La función punitiva del estado no puede
establecerse cabalmente sin el diseño y la implementación
de un plan más vasto que incluya acciones preventivas
y de reintegración social. Solamente asegurando mayor
justicia social para todos los niños, niñas
y adolescentes de nuestra provincia será posible la
intervención ecuánime de la justicia penal.
A priori hay que generar las condiciones para
reintegrar efectivamente a los niños, niñas
y adolescentes a los procesos institucionales que vuelvan
predominantemente placentero su trayecto vital, restituyendo
el derecho a vivir en familia, el derecho a la educación,
garantizando el derecho a la salud, al juego y la recreación.
Sólo en ese momento, el peral dará
peras y el olmo, olmos, y lo que es más revolucionario
aún, quizás nuestra sociedad no insistirá
con su demanda equivoca. Acaso entonces los niños y
niñas muertos por desnutrición infantil convoquen
marchas al obelisco, se conviertan en el primer tema de la
agenda pública y la igualdad para la satisfacción
de los derechos de TODA nuestra población sea motivo
de programas de investigación periodística.
Perdón ¿le estaré pidiendo peras al olmo?
(1)
Diario La Nación, jueves 15 de mayo de 2008.
(2) Diario Clarín, miércoles
20 de septiembre de 2006.
(3) WEISSBERG,
Matthew. "Conceptualizing human security". Swords
and Ploughshares. A Journal of International Affairs . Vol.
III. No 1 (2003). P. 3-11.
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