*Publicación digital - Abril 2009
Año I N°3

 

 

Nueva ley Penal Juvenil

Peras al Olmo:
Por: Marcelo Koyra

Reflexiones sobre la Justicia Penal, la Justicia Social
y la Seguridad Humana

"No debe ser temido el triunfo de la ciudadanía; no debe ser temido porque se apoya en la razón que asiste al pueblo para reclamar la justicia que desde años atrás se le adeudaba, y en el convencimiento de que, en paz y armonía, la justicia llegará a todos los hogares en vez de pasar indiferente ante la puerta de los humildes, de los que más necesitados están de ella."

Juan Domingo Perón
(Mensaje de asunción, 4 de junio de 1946


"No hay que pedirle peras al olmo" … , el viejo dicho popular quiere representar la idea de que es vano solicitarle a alguien o a alguna cosa aquello que por su naturaleza, por su estructura o su composición no está en condiciones de aportar.

Así acontece, precisamente, cuando se busca solucionar el problema de la inseguridad provocada por hechos de violencia o delitos donde hay involucrados niños o adolescentes, con la sanción de una nueva ley, una reforma legislativa que baje la edad de imputabilidad, depositando la expectativa de resolver la problemática o buscando soluciones en la justicia penal. Damas y caballeros, niñas y niños, esa pera no la ofrece el olmo anhelado.

Los hechos ocurridos en Valentín Alsina o tantos otros acaecidos diariamente donde hay involucrados niños o adolescentes implicados como victimarios pero muchas veces también como víctimas de la violencia y el delito, hechos que usualmente no toman estado público, nos confrontan con la existencia de un sin sentido que debemos explorar e interrogar.

El dramático asesinato de Capristo y las circunstancias en las que se produjo no debiera aislarse del contexto social ni desvincularse de otros fenómenos igualmente trágicos que parecieran no tener ninguna relación causal entre sí pero, por el contrario, suelen tener raíces comunes con el primero.

Para citar tan solo algunos ejemplos vale mencionar el índice de mortalidad infantil: "murieron 3530 niños en la provincia de Buenos Aires por cuestiones sanitarias; es decir, casi diez chicos por día, según las estadísticas del Ministerio de Salud bonaerense"(1) , o el índice de mortalidad adolescente "La muerte adolescente se triplicó entre 1995 y 2002. En estos siete años pasaron de 400 a 1.200 decesos por año". (2)

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informa, además, que en el conurbano bonaerense "Considerando ahora la variable sexo se observa sobremortalidad masculina en todas las edades, aunque es más notoria en el tramo que va desde los 15 a los 35 años con un riesgo relativo superior a 2, riesgo que se acerca a 3 entre los 20 y 24 años", para decirlo llanamente en el Gran Buenos Aires se duplica o triplica, según la edad, las posibilidades de muerte de nuestros adolescentes y jóvenes. Vale aclarar que la misma fuente indica que la principal causa de muerte en este rango de edad está representada por las Causas externas (accidentes de tránsito, violencia y otras causas similarmente traumáticas).

Datos duros, consistentes, que también dan cuenta de otras muertes evitables, de otras muertes silenciosas, de otros sin sentido.

Qué conexión hay entre estos penosos sucesos? El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) definió en el año 1994 el concepto de Seguridad Humana como la condición necesaria para que las personas puedan ejercer sus opciones vitales de forma libre y segura, con las garantías de amparo y protección para llevar adelante su proyecto de vida, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan mañana.

La Seguridad y las condiciones mínimas de Desarrollo Humano para llevar adelante una vida digna están estrechamente interrelacionadas y se necesitan mutuamente. La seguridad humana es un requisito para el disfrute del desarrollo humano, que a su vez es necesario para hacerla viable.

"La seguridad humana no es un juego de suma cero, en el que un grupo pueda conseguir la seguridad a expensas de la de otro (como en la concepción clásica de seguridad nacional), sino que dibuja un escenario en el que todos ganan o todos pierden". (3)

Como dice Olga Restrepo, Universidad del Valle, Cali, Colombia: "el impacto más grave de las violencias y el más difícil de medir y cuantificar; es el que se expresa en la distorsión ética que se da cuando una sociedad reconoce y respeta de manera selectiva las vidas humanas".

Si bien hay muchas acciones del gobierno nacional que intentan combatir y eliminar la exclusión y la desigualdad social, un rápido recorrido por nuestro conurbano bonaerense nos demuestra que la meta aún no se ha alcanzado. Dentro de este universo de pobreza y exclusión, nuestros niños, niñas y adolescentes son quienes sufren diariamente las mayores consecuencias: familias desintegradas que no están en situación de acompañar su proceso de crecimiento y desarrollo con las mínimas condiciones de amparo y protección, servicios educativos que no terminan de encontrar las estrategias adecuadas para contenerlos y otras circunstancias indignas que les toca atravesar sistemáticamente donde la discriminación de los ámbitos institucionales de pertenencia hace punta, pero viene acompañada de otros males como la falta de acceso al servicio de salud, alimentación inadecuada, vivienda hacinada, entre otros factores que terminan de configurar un escenario vital, en el cual a la larga, por colección de frustraciones es difícil discernir si merece ser vivido.

La violencia adolescente es el resultado, es el eslabón final de esta cadena de acumulación de desventajas (Gonzalo Saraví, 2005) que comienza en las instancias de socialización primaria: la familia, la escuela y se prolonga a los ámbitos de socialización secundara los clubes, el mundo del trabajo, el estado mismo representado por organismos obsoletos que no terminan de salir de su burbuja burocrática, etc.

Solemos encontrar niños, niñas y adolescentes desencantados con el destino que les toca vivir, enojados con los valores del mundo adulto y con aquellas instituciones que debiendo acudir en su auxilio, sólo ofrecen ausencia.

En este contexto sus grupos informales, la esquina, el barrio y aquellas organizaciones sociales de carácter comunitario que toman a esta población como objeto de sus intervenciones constituyen el "puente de plata" para que estos niños, niñas y adolescentes se reintegren a una vida social donde tengan acceso pleno a la satisfacción de todas su necesidades, de todos sus derechos.

Cómo lo señalaba palmariamente Evita "donde hay una necesidad existe un derecho a ser satisfecho". Alguien acaso supone que hubiera esgrimido las herramientas de la justicia penal para resolver este problema? Sin duda su apuesta siempre fue la Justicia Social.

Esa es la solución, ese es el peral donde vamos a encontrar peras. Sólo generando nuevas instancias institucionales, aceptadas por aquellos que han tenido una trayectoria biográfica de inequidades, insatisfacciones, derechos vulnerados, vamos a poder disminuir la violencia que estos mismos niños y adolescentes como un grito desesperado generan.

En la provincia de Buenos Aires hay antecedentes al respecto: el Programa de Respuesta Múltiple (PRM) que comenzó a implementarse en el año 1998 y se desarrolló a escala en el periodo 2004-2007 bajo la conducción del Dr. Arslanián en el Ministerio de Seguridad y el Programa de Integración Comunitaria (PIC) acordado con más de 100 municipios de la provincia bajo la conducción de la Lic. Martha Arriola en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (y aún esperando ser ejecutado) señalan claramente el camino y los atributos indispensables que debe tener la propuesta estatal para resolver este problema.

Ofertas programáticas que fortalezcan la integración social de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, que hagan pie en el nivel barrial a partir del trabajo de las organizaciones comunitarias de base, en barrios seleccionados según indicadores de alta vulnerabilidad social, generando instancias de recuperación de los proyectos de vida saludables, formando adultos que puedan asistir este proceso como educadores comunitarios en los cuales la población infantil pueda apoyarse, proveyendo algún recurso compensatorio que le sirva a estos niños y a sus familias para paliar la urgencia y reengancharse en el campo de una existencia con futuro, que pongan el énfasis en desactivar los eslabones iníciales que forman la cadena de violencia y delito con un fin eminentemente preventivo.

Estas acciones exitosas fueron discontinuadas. Si no hay justicia social difícilmente el nuevo fuero penal, bienvenido en su función de generar debido proceso para todos los niños y niñas de nuestra provincia, pueda resolver las cuestiones de fondo. Sólo con una decidida acción estatal que invierta lo necesario (aproximadamente 200.000.000 de pesos) para abordar la problemática de al menos 30.000 niños, niñas y adolescentes en situación de altísima vulnerabilidad social vamos a comenzar a resolver el problema.

La función punitiva del estado no puede establecerse cabalmente sin el diseño y la implementación de un plan más vasto que incluya acciones preventivas y de reintegración social. Solamente asegurando mayor justicia social para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia será posible la intervención ecuánime de la justicia penal.

A priori hay que generar las condiciones para reintegrar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes a los procesos institucionales que vuelvan predominantemente placentero su trayecto vital, restituyendo el derecho a vivir en familia, el derecho a la educación, garantizando el derecho a la salud, al juego y la recreación.

Sólo en ese momento, el peral dará peras y el olmo, olmos, y lo que es más revolucionario aún, quizás nuestra sociedad no insistirá con su demanda equivoca. Acaso entonces los niños y niñas muertos por desnutrición infantil convoquen marchas al obelisco, se conviertan en el primer tema de la agenda pública y la igualdad para la satisfacción de los derechos de TODA nuestra población sea motivo de programas de investigación periodística. Perdón ¿le estaré pidiendo peras al olmo?

(1) Diario La Nación, jueves 15 de mayo de 2008.
(2) Diario Clarín, miércoles 20 de septiembre de 2006.

(3) WEISSBERG, Matthew. "Conceptualizing human security". Swords and Ploughshares. A Journal of International Affairs . Vol. III. No 1 (2003). P. 3-11.