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 Proyecto
de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil
Avance
o retroceso?:
Por: Marcelo De Biase
Presente
y Pasado
La creación de un Régimen
Penal Juvenil (RPJ) es una vieja deuda de la democracia argentina,
que hasta la fecha rige su trato con los adolescentes en conflicto
con la ley con instrumentos legales inconstitucionales.
Los decretos leyes de facto sancionados
por la dictadura militar en los años 80 sustentan las
decisiones de muchos magistrados sobre la situación
de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal;
y han ocasionado muchas aberraciones en nombre de la justicia.
El régimen actual, sostenido en el decreto ley 22278
y 22803 ha contribuido a forjar un sistema represivo, violento
y arbitrario, en el cual sobresalen por su notoria ausencia
los derechos de los jóvenes.
Hace pocos días el Senado de
la Nación dio media sanción a un proyecto de
ley de creación de un régimen penal juvenil.
Aprobaron una propuesta que resulta, en principio, de un mix
de proyectos de oficialistas y opositores.
Estas notas desean estimular la reflexión
del público acerca de la propuesta, evitando consideraciones
técnicas y poniendo en primer plano algunos criterios
políticos de cómo se abordo el tema.
A fines del año 2008 y ante la
presentación mediática de un caso puntual, el
gobernador Daniel Scioli propuso bajar la edad de imputabilidad,
así en crudo, como respuesta a un supuesto clamor popular.
Como respuesta se despertaron voces cuestionadoras del arco
político y social, dentro y fuera del partido de gobierno.
Algunos medios y sectores políticos salieron a fundamentar
la medida a través de confusas editoriales y datos
falseados.
El tema fue arrastrado por los vientos
veraniegos, pero cada tanto y también a raíz
de hechos puntuales, los medios pusieron el tema en agenda
y los legisladores comenzaron a debatir quién tenia
la culpa de no haber derogado el Régimen Penal de la
Minoridad. Los circuitos del debate fueron controlados por
los medios y los opinadores públicos, los todólogos
argentinos que livianamente dan su reflexión al pueblo,
incluso, incurriendo en apología del delito.
Pasadas las elecciones el senado da
media sanción a un proyecto de ley que debe pasar por
diputados. La forma en que se dio el debate, el origen de
la propuesta y las consecuencias hablan de la liviandad de
cómo se abordan temas tan complejos en nuestro país.
Sesgadamente, en base a datos falsos y a puro motor mediático
esta ley, que si bien es un avance significativo, contiene
un pecado original: la propuesta central de bajar la edad
de imputabilidad. Para ello se inventó una realidad
absurda: un país sitiado por pibes chorros, agazapados
para atacar.
Se oscurecieron temas tanto más
importantes, como el hambre, el trabajo infantil, la trata
de niñas y niños en las redes de prostitución,
el embarazo adolescente y el consumo cada vez mas temprano
de nuevas sustancias adictivas. (Ver
Barómetro de la deuda social de la infancia - UCA **
documento pdf)
El proyecto
del Senado
La lectura del proyecto aprobado en
senadores genera una primera sensación: es una propuesta
que retoma los principios fundamentales de los tratados de
derechos humanos y de protección de derechos de la
niñez .Es, sin duda, un avance en materia penal juvenil
si lo comparamos con la legislación anterior, sustentada
en decretos leyes de la ultima dictadura militar.
Para quienes están en tema, a
primera vista parece un proyecto prolijo, con algunas innovaciones,
necesario para poner orden en el concierto del sistema federal
en materia penal juvenil, ampliando los derechos y garantías
de los adolescentes infractores a la ley, dando mayores herramientas
de abordaje y fijando penas máximas para reducir los
efectos nocivos de la arbitrariedad de algunos operadores
judiciales y administrativos.
Establece un amplio abanico de medidas
además de la privación de la libertad, establece
criterios de alojamiento, clasificación, distribución
y derechos de los adolescentes privados de libertad. Exige
la especialización de los centros y del personal a
cargo de la supervisión de los jóvenes y otros
principios establecidos por las normas internacionales al
respecto.
Pero la pregunta es: ¿Por qué bajar la edad
de imputabilidad? Este aspecto sigue siendo inexplicable,
falto de fundamentos empíricos. ¿Qué
razón social o realidad fundan la decisión?
Por la forma en que se instaló
el debate, y la falta de seriedad con que se presentó
en los medios, es razonable que ningún senador de la
nación haya querido aparecer en los titulares de los
diarios como quienes "no bajaron la edad de imputabilidad".
De hecho los titulares del día después rezaban
en síntesis: "Los senadores aprobaron la baja
de la edad de imputabilidad".
Para quienes clamaban mayor capacidad
punitiva del Estado este proyecto será poco, también
para quienes querían bajar la edad a los 10 años
o aquellos que querían para los niños las mismas
penas que un adulto. Más poquito será para quienes
clamaban por la ley del Talion.
Este proyecto no satisface las expectativas
de la legión de la mano dura, porque ellos evaluarán
que amplía derechos y garantías. El problema
de cómo se dio el debate es que no se reclamaba justicia
para los niños en conflicto con la ley penal, sino
puro castigo, venganza, represión y hasta muerte. Por
eso esta ley no satisfará la demanda creada desde los
sectores más reaccionarios y la campaña de los
medios.
Bien se podría haber tratado una ley de creación
de un Régimen Penal Juvenil sin necesidad de bajar
la edad de imputabilidad a los 14 años.
Algunas voces
para el debate
Además de la multitudinaria y
plural marcha a la Gobernación de la Provincia de Buenos
Aires, otras voces se han alzado contra la baja de la edad
de imputabilidad.
Claudia Cesaroni, miembro del CEPOC (Ver
documento en pdf), realiza un análisis crítico
de la propuesta basada en la baja de la edad de imputabilidad.
Plantea que bajar la edad es un retroceso que da de bruces
con las recomendaciones de los organismos internacionales,
y que raramente se puede debatir esto sobre la falacia de
que es la única solución. Realiza además
una atinada observación sobre la situación de
los institutos penales para niños y adolescentes en
tanto la incapacidad del Estado para controlarlos y evitar
las graves violaciones de derechos que allí se producen
todos los días. También plantea que bajando
la edad se ataca al eslabón mas débil del crimen
organizado, haciendo hincapié en que estadísticamente
la participación de niños de entre 14 y 15 años
en delitos es ínfima. (Ver
Adolescentes en el sistema penal Informe del Ministerio de
Desarrollo Social de Nación- UNICEF - Universidad Nacional
Tres de Febrero *** documento pdf)
Desde otro ángulo han sido los
ministros de la corte suprema Carmen Argibay y Eugenio Raúl
Zaffaroni protagonistas un debate con el diputado nacional
del bloque del SI, Emilio Gracia Méndez, a raíz
de la situación de un grupo de niños inimputables
alojados en el Instituto San Martín de la CABA. El
eje central de la discusión fue sobre qué tipo
de medida fundaba las detenciones y privación de la
libertad de esos niños, poniendo sobre el tapete la
discusión acerca de la inconstitucionalidad de los
decretos 22.278 y 22.803. El saldo del debate no fue la libertad
de los niños, sino la cruel y sincera afirmación
de la doctora Argibay acerca de lo que podría pasarles
a esos niños si fueran liberados. Según la ministra
estarían a merced de actos ilegales de las fuerzas
de seguridad del Estado o bajo la mano violenta de grupos
más afines a la limpieza social que al derecho a la
vida.
Mitos y leyendas
La violencia es un fenómeno social
complejo. Las medidas tomadas al ritmo de la agenda mediática
no resuelven nada y solo generan sensación de alivio
y seguridad a cortísimo plazo. Hasta el próximo
crimen cometido por un niño que sea repetido 50 veces
por día por las pantallas de la teve y la organización
del reclamo de venganza que no podrá ser posible, porque
esta ley plantea lo contrario.
Hasta la reciente explosión de
la supuesta violencia juvenil el tema no estaba en agenda.
La forma en que los medios presentaron las noticias y el tiempo
que le dedicaron hizo que todo el país hablara de ello.
Se escucharon un montón de imbecilidades que cesaron
cuando los medios masivos se empezaron a ocupar de cosas más
lucrativas, como el dengue, la campaña electoral y
la gripe A.
Hay dos mitos particulares que se han
construido alrededor del tema: uno es que el Estado no hace,
ni ha hecho nada para resolver la llamada delincuencia juvenil;
otro es aquel en base al cual muchos creen que hay una edad,
o un momento de la vida en el cual uno se hace responsable.
Este último se complementa con una idea central, acerca
de que la responsabilidad es un ejercicio que se "aprende"
con la edad, independientemente de sus condiciones de posibilidad.
Estudiosos de la materia, han demostrado
con creces que el Estado ha hecho desastres en la materia
a través de su intervención discrecional y meramente
represiva, a través de prácticas que han violentado
los derechos de la niñez.
El Estado hizo. El encierro como medida
de aplicación exclusiva e indiscriminada, los procesos
judiciales interminables y sin plazos, las privaciones de
libertad por meras sospechas, interacción de niños
inimputables, o el encierro por largos plazos de tiempo por
razones de índole moral o social, o por carecer de
los recursos materiales para su subsistencia que el mismo
Estado no le proveía. Estos hechos abusivos e injustos
a la vista de cualquiera son decisiones tomadas y sostenidas
por personas en uso de los instrumentos legales vigentes con
una ideología particular y que han tenido efectos sobre
los jóvenes, reproduciendo sus condiciones de vulnerabilidad
y marcando a fuego sus vidas.
El Futuro
De aprobarse esta legislación
se abre un futuro plagado de desafíos.
Las prácticas institucionales
estatales deberán ser revisadas. De aprobarse esta
ley deberíamos entrar en un debate más profundo
acerca de la responsabilidad del Estado en el abordaje de
esta problemática, la necesidad de transformar los
dispositivos de atención, la especialización
técnica del personal y la inversión en programas
de prevención.
También debemos prepararnos para
escuchar los reclamos de venganza y represión que se
vendrán, por parte de los sectores a quienes esta ley
les parecerá garantista, y que ante cualquier delito
que tenga como protagonista a un adolescente pregonarán
la necesidad de endurecer las penas como método simple
para resolver cuestiones complejas.
Tenemos la sensación de haber
dado un paso importante hacia delante a partir de un debate
que se inició torcido, con ánimos de confundir
a la opinión publica y sin espacio para las voces críticas
y cuestionadoras de la supuesta necesidad de bajar la edad
de imputabilidad.
La sanción de esta ley no salda
la deuda de la democracia con la niñez, aparece como
una extraña transacción: muy tardíamente
se crea un nuevo régimen penal juvenil y al mismo tiempo
se retrocede con fundamentos poco convincentes. La refutación
a estas argumentaciones a favor de bajar la edad de imputabilidad
no han tenido los minutos necesarios en los medios, ni han
podido ser instalados en el debate público.
Quizás, y a contramano de los
dichos de los expertos, deberíamos ponernos a pensar
en cómo proteger a la niñez e impedir que en
uso de los argumentos de los sectores progresistas, se alienten
propuestas que en lugar de alentar la democratización
del acceso a los derechos y la justicia social, pregonan una
mayor capacidad punitiva estatal, dejando abierta una puerta
que nos puede conducir a la justificación del uso de
la represión para resolver conflictos sociales.
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