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 Baja
de la edad de imputabilidad
Hasta
la vista baby
Por:
Marcelo Vernet:
John
Connor le enseña rudimentos de semántica y pragmática
al robot T-800, más conocido como Terminator.
Básicamente, lo que el androide aprende es que puede
combinar ciertas fórmulas y aplicarlas conforme a las
circunstancias y que el contexto es parte indisoluble del
significado literal de las expresiones. Las circunstancias
de lugar, tiempo y cultura en que se produce el mensaje hacen
a su significado. Y Terminator aprende bien la lección,
tanto que llegó a ser gobernador del estado de California.
Es así que, sobre el final de la película,
en su enfrentamiento mortal con el asombroso androide de aleación
mimética T-1000, antes de disparar sobre su oponente
le dice, sin dudar, la frase que se hará famosa: "Hasta
la vista, baby". En realidad, nadie duda del significado
de la afectuosa expresión. El contexto hace que signifique
"te voy a destruir"; "quiero que
estalles en mil pedazos"; y, por supuesto, "no
te quiero ver nunca más".
Esta sencilla lección debería
ser aprendida por muchos decisores políticos en relación
al tan meneado tema de la baja de la edad de imputabilidad.
No voy a referirme en esta nota al fondo de la cuestión,
otros con más pertinencia ya lo han hecho. Quiero reflexionar
sobre lo que significa hoy, en este contexto, sancionar un
proyecto de ley Penal Juvenil que en su articulado incluya
la baja la edad de imputabilidad.
Por mucho que se esfuercen en decir que la
medida se enmarca y está inspirada en la Convención
de los Derechos del Niño, por más argumentos
técnico jurídicos o de vaga psicología
evolutiva que se esgriman, lo que están diciendo es
"disparen contra los pibes". Porque, lo quieran
o no, en los términos en que está planteado,
no se trata de un problema técnico, ni mucho menos
de justicia. Está planteado como un falso camino para
resolver el acuciante problema de la inseguridad.
¿En qué contexto nació
el tema?
22 de octubre de 2008, Daniel Scioli gobernador
de la provincia de Buenos Aires, anuncia en conferencia de
prensa su voluntad de impulsar una reforma del código
penal para bajar la edad de imputabilidad. "Entiendo
que llegó el momento de dar ya un debate, ya sea en
el nivel provincial, como a nivel del Parlamento nacional
con respecto a la imputabilidad de los menores",
afirmó. Fue así, un poco de arrebato. Un día
antes, el 21 de octubre, el asesinato de Ricardo Barrenechea
había conmocionado a la opinión pública.
De las primeras diligencias de la causa, se presume que los
autores son menores de edad. Esta circunstancia motiva el
anuncio del Gobernador e instala fuertemente el tema en la
agenda pública.
Después, presumo que le explicaron con más tiempo
que su propuesta de modificar lisa y llanamente el Código
Penal era legalmente inviable (salvo que modificáramos
la Constitución Nacional) y que lo que había
que decir es que se impulsará una ley Penal Juvenil.
Que esta ley debía ser nacional ya que a la Nación
le compete legislar sobre la materia. Le habrán hecho
saber que, para ese entonces, ya existían una veintena
de proyectos que dormitaban en el Congreso. Los proyectos,
en realidad, están enmarcados en la Convención
de los Derechos del Niño, orientados a derogar el ignominioso
Decreto-Ley 22.278 de la dictadura militar, aún vigente.
Como en alguno de ellos se fijaba la edad de imputabilidad
en 14 años, podía ser el atajo para llegar al
fin anunciado, la baja de la edad de imputabilidad. Por su
parte, la Justicia le recordó que en la provincia de
Buenos Aires ya existía un sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil, creado por la ley 13.634, recientemente establecido
y en pleno proceso de conformación, cuyo principal
problema para desarrollarse eran las enormes falencias del
Estado de la provincia de Buenos Aires en la materia. Desde
el propio gobierno, la entonces subsecretaria de Niñez
y Adolescencia, Martha Arriola, en el convencimiento que "la
Subsecretaría de Niñez y Adolescencia no puede
ni debe quedar al margen de este debate", opinó
que "es preciso avanzar con mayor celeridad en la puesta
en marcha de la ley de promoción y protección
integral de los derechos del niño, y del sistema de
responsabilidad penal juvenil".
El gobernador Scioli, entonces, 12 días
después de sus primeras declaraciones pudo decir de
corrido: "Yo estoy a favor de este proyecto (se
refiere a un proyecto de ley presentado en el 2006 por Vilma
Ibarra con el aval de Emilio García Méndez).
Y es algo que se debe debatir a nivel nacional. Este tema
tiene que ver con profundizar el régimen penal juvenil
de la Provincia. Estamos abriendo más institutos en
la Provincia. Sabemos que los chicos que llegan a esta instancia
necesitan un tratamiento especial. Como dice el proyecto,
no estamos hablando del Servicio Penitenciario ni de guardias
armados. Estamos hablando de recuperación."
(Clarín, 2 de noviembre de 2008).
Poco importaba lo que dijeran los proyectos
de ley. Habían salido de su letargo legislativo por
los gritos de los que piden "bajar la edad de imputabilidad".
Tan es así que a los medios de comunicación,
que saben de significados porque son grandes constructores
de sentido, jamás se les ocurrió titular una
nota "Se profundiza el debate por la ley que garantizaría
un debido proceso a los niños en conflicto con la ley
penal".
¿Cómo se construyó
el debate?
Como al tema se entró por la puerta
equivocada (resolver los problemas de seguridad), fueron destacados
voceros de este debate el ministro de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires, Carlos Stornelli, y los jefes de la Policía
Bonaerense. Sus intervenciones se caracterizaron por una absoluta
falta de seriedad al aportar datos estadísticos para
dimensionar el problema de la intervención de adolescentes
en hechos delictivos. Los datos son vagos y contradictorios.
Por este camino se llegó al ridículo de las
declaraciones del entonces Jefe de la Policía Bonaerense,
Daniel Salcedo quien afirmo que "en 2008 tendremos
un millón de delitos cometidos por menores, que no
pueden ser detenidos en comisarías" (El Día,
24 de octubre de 2008). Felizmente, a partir de la implementación
del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, contamos con datos
más certeros. En el primer semestre de 2009 se registran
13.728 IPP (Instrucción Penal Preparatoria) iniciadas
en la provincia de Buenos Aires. Esta cifra involucra a la
totalidad de los delitos (amenaza, hurto, lesiones, robo,
etc.). Como el Jefe de la Policía en sus declaraciones
se refería a "delitos graves, que involucran
armas", deberíamos desagregar del total este
tipo de delitos. Así nos encontramos que en el primer
semestre de 2009 se iniciaron 14 causas por "homicidio
en ocasión de robo" y 1.460 por "robo calificado
uso de arma" (desde luego estamos hablando de adolescentes
de 16, 17 años, penalmente punibles, si nos referimos
a menores de 16 las cifras son mucho más exiguas).
El lunes 10 de noviembre se publicaron en
los medios declaraciones de la Subsecretaria, Martha Arriola,
en las que se refería a las declaraciones del Jefe
de Policía: "La inseguridad que vivimos no
se resuelve criminalizando a los chicos. Es sólo mirar
una porción mínima del problema que en el fondo
es la desigualdad, la exclusión, la destrucción
de la familia.(…)Es preciso que la policía no
brinde cifras irresponsablemente, que sólo sirven para
que la gente vea a los chicos como peligrosos. La semana en
que el jefe de policía informó erróneamente
que había un millón de delitos cometidos por
menores creció fuertemente la presión para internarlos".
(La Nación, 10 de noviembre). Volvió a insistir
públicamente en su diagnóstico y los caminos
de solución propuestos al ministro Arroyo: "Al
poco tiempo de asumir advertimos que estábamos frente
a una situación de emergencia, un problema de enorme
magnitud que no es de este gobierno, sino que lleva décadas.
Además, heredamos un presupuesto insuficiente. Lo digo
y me hago cargo por los pibes, que son los que soportan verdaderamente
todo esto. Pronto llegamos a la conclusión de que,
con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar
la catástrofe social que soportan nuestros pibes y
que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez
y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa
directamente del gobernador, además de triplicar el
presupuesto del área". Ese mismo día,
Alberto Pérez, jefe de Gabinete bonaerense afirmó
en conferencia de prensa: "Todos lo que estamos alrededor
del gobernador Daniel Scioli colaboramos para llevar adelante
la política que él propone y a quienes no lo
consideren así los dejamos a un lado". Después
de once meses de gestión, Martha Arriola dejó
su cargo al frente de la Subsecretaría de Niñez
y Adolescencia. Stornelli había pedido su cabeza.
Sobre la base, entonces, de "1.000.000
de delitos cometidos por menores", se construyen
afirmaciones tremendistas y se llega a conclusiones temerarias.
Stornelli sintetizó claramente su posición "Si
en una abstracción mental lográramos sacar del
panorama delictivo a los menores y a los reincidentes, seguramente
tendríamos una provincia mucho más segura"
(Carlos Stornelli, Revista DEF, septiembre de 2008). Existe
sobrada experiencia histórica para presumir dónde
terminan estas abstracciones mentales. Pero alguien podría
sugerir que, tal vez, el ministro se refiere a sacar del
panorama delictivo a los menores dando un fuerte impulso
a las políticas públicas de promoción
y protección de los Derechos del Niño, plasmadas
en la ley 13.298. Para despejar dudas, el ministro lo aclara:
"es necesario modificar o replantear algunas herramientas
legales que entraron en vigor con demasiada premura y sin
la suficiente logística como la Ley de Protección
Integral de la Minoridad" (…) "Desde que esa
ley entró en vigencia la participación de los
menores en los delitos es cada vez más frecuente, es
cada vez más intensa". (Agencia NA, 24 de
octubre de 2008).
Desde luego que estas afirmaciones son tributarias
de una ideología muy definida. Pero sabemos que el
ministro Stornelli detesta hablar de ideología, tal
como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades ("Hay
algunos jueces que están subordinados a algunas ideologías,
cuando en realidad hay que explicarles que la seguridad no
sabe de ideologías (…) Creo que es necesario sentarse
a hablar seriamente, sin que las ideologías conspiren
contra la eficiencia…"). Hablemos seriamente.
Todo el discurso sobre la necesidad imperiosa de bajar la
edad de imputabilidad tiene un objetivo claro, simple y burdo:
encontrar un culpable externo que justifique la ineptitud
y el fracaso de la gestión del ministro Stornelli.
Nos están diciendo que la culpa de que haya inseguridad
en la provincia de Buenos Aires la tienen los pibes menores
de 16 años de las barriadas pobres. Y como no tienen
una ley que les permita sacar del panorama delictivo a
los menores, la inseguridad reina en la provincia.
¿Qué pasó a lo largo
de un largo año?
Volvamos al debate que se impuso en la agenda
pública a raíz del asesinato de Barrenechea
en octubre de 2008 y se reavivó, un año después,
cuando el 1º de noviembre fue baleado Fernando Cáceres.
A lo largo de este año, otras cuestiones ocuparon la
agenda pública y el tema de la baja de la edad de imputabilidad
se fue diluyendo.
El 22 de febrero de 2009, el nuevo jefe de
la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, volvió a soplar la
brasa. Recién asumido en sus funciones declaró
que Scioli "se puso al frente de la discusión
y ha tomado el tema como una política de Estado"."Generó
un debate que tiene que ver con la imputabilidad de los menores
de edad, esto es público, nosotros estamos acompañando
y profundizando esto que el gobernador ha encabezado".
No hubo demasiado eco.
En la primera sesión después
de las elecciones, el 8 de julio, la Cámara de Senadores
de la Nación dio media sanción, en general,
a un proyecto de Ley Penal Juvenil. Se presentaba como un
Proyecto de consenso. Básicamente, se trata del proyecto
que Siolli apoyara públicamente en medio de la tormenta.
Fue una aprobación silenciosa, tratando de no hacer
mucho ruido. Al día siguiente, como no podía
ser de otro modo, la mayoría de los diarios anunció
que se daba media sanción a un proyecto de ley que
baja la edad de imputabilidad de los menores. El gran
tema era la epidemia de gripe A. Los enardecidos defensores
de la medida, prácticamente no hicieron comentarios,
ni celebraron la novedad. Lo que se dio fue un debate entre
especialistas, personas y organizaciones vinculadas a la temática
que debatieron si el proyecto en cuestión era un avance,
ya que derogaba el decreto-ley de la dictadura y se enmarcaba
en los principios de la Convención sobre la materia,
o era un retroceso porque, al bajar la edad de imputabilidad
se tornaba regresiva y abría la puerta para la criminalización
de los pibes pobres.
El proyecto quedó ahí, sin avanzar
en su tratamiento legislativo. Por otra parte, el debate por
la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ocupó
la escena mediática y parlamentaria. En eso estábamos
cuando el caso Cáceres reavivó la polémica
con fuerza inusitada. Y todo volvió a repetirse como
si no hubiera pasado nada. En realidad mucho no había
pasado en la provincia de Buenos Aires en relación
a este tema, salvo el agravamiento de la inseguridad. De hecho,
cuando en agosto de este año asume Baldomero Álvarez
de Olivera en la cartera de Desarrollo Social de la Provincia,
encuentra un panorama casi idéntico al descripto el
año anterior por Martha Arriola. Había pasado
la gestión de Cristina Tabolaro y concluido la de Daniel
Arroyo. Poco tiempo antes, la Asociación Argentina
de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia
de Niñez, Adolescencia y Familia, en una evaluación
de la situación del Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil en la provincia de Buenos Aires, señalaron
los principales problemas para su implementación. Entre
otros: déficit en "la articulación con
otros Ministerios"; "Alarmante déficit que
se presenta en el tratamiento y abordaje de las adicciones
de jóvenes alojados en Instituciones de Régimen
Cerrado"; "Débil articulado de los Centros
de Referencia, recursos insuficientes"; "No cuentan,
salvo ciertas excepciones, con capacidad de seguimiento y
monitoreo razonable de las medidas judiciales impuestas".
A partir del "clamor popular"
volvieron las voces de un año atrás. Como Salcedo
había sido removido de la conducción de la Bonaerense,
Juan Carlos Paggi tomó la posta. El Jefe policial reclamó
el debate profundo del tema, "se trata de una asignatura
que, como dijo el gobernador en su momento, debería
tratarse como una política de Estado". Y agregó
"el vecino sabe que los menores entran y salen, y
hay una situación de índole jurídica
a la que tienen que atenerse los fiscales, cuestión
que debería ser discutida para llegar a una solución".
El ministro Stornelli volvió con sus curiosas declaraciones.
Instó a que se dé "el debate propuesto
por el gobernador Scioli sobre la imputabilidad de los menores".
"Nuestro código tiene casi cien años y
los menores de hace 80 años no tenían la misma
información y los mismos recursos que los de ahora",
sostuvo Stornelli. Justamente, los menores de hace 80 años,
es decir de la década del '30 del siglo pasado, estaban
bajo el imperio de un Código Penal que fijaba la edad
de imputabilidad en los 14 años. Yo no sé si
es ignorancia, malicia, o el ministro habla porque tiene boca.
Sinceramente nos gustaría que nos explicara por qué,
durante su gestión, el robo automotor no ha parado
de crecer (+ 21,4 % en el conurbano bonaerense). Salvo que
nos quiera hacer creer que los pibes menores de 16 años,
de la villa Carlos Gardel, de Fuerte Apache o de las villas
de General San Martín, manejan las mafias de los desarmaderos
o del mercado negro automotor.
Pongamos las cosas en su lugar
¿Qué pasaría si el proyecto
de ley Penal Juvenil, que hoy cuenta con media sanción
de la Cámara de Senadores, se aprobara incluyendo la
baja de la edad de imputabilidad?
- Que no aportaría ninguna solución
al problema de inseguridad. No es su objeto ni su propósito
central.
- Rápidamente el coro de "hay
que endurecer las leyes" empezaría su cantinela
de que la ley es excesivamente garantista. Que las penas
dadas a los adolescentes son muy leves. Que entró
en vigencia "prematuramente".
- Los adultos que manejan y controlan los
mercados delictuales comenzarán a reclutar chicos
de 12, 13 años para algunos "trabajos".
Es probable que crezcan los casos en que estos niños
se vean involucrados y nos digan que "los menores
de hace 80 años no tenían la misma información
y los mismos recursos que los de ahora" y se debe
bajar la edad de imputabilidad a los 12 años.
- La ley caería en un vertiginoso
proceso de descrédito social porque "no sirve
para nada", ya que le han hecho creer a la gente
que iba a servir para encarcelar a los chicos y así
solucionar el problema de la inseguridad.
Pero lo más importante es que el mal
mayor estará hecho, reforzar un discurso que sostiene
falacias y mentiras y desnaturalizar una ley por la que se
viene trabajando y peleando desde la recuperación democrática.
Para que la ley diga lo que los legisladores
pretenden decir y todos lo entandamos con claridad hay que
correrla de este falso eje de debate y colocarla en el contexto
adecuado. Para que esto sea posible hay que avanzar en la
promulgación de una Ley Penal Juvenil que mantenga
la edad imputabilidad en los 16 años. Por este camino,
se acomodarán otras circunstancias y responsabilidades
en su debido contexto:
- El problema central de vastos sectores
de la niñez argentina es su desamparo y la necesidad
imperiosa de desarrollar fuertes políticas de integración
comunitaria e inclusión social.
- Para lograr este propósito, no son
la agencia policial y la persecución penal las herramientas
adecuadas.
- Es una falsa opción la que el debate
instalado propone, mostrando como alternativas: la persecución
penal o la nada. Alguien debe ponerse al hombro a los chicos
y no creemos que sea la policía la principal responsable
de esta tarea. Otras agencias del Estado y la comunidad
deben ser protagonistas de esta misión en que está
en juego el presente doloroso de miles y miles de niños
y nuestro futuro como Nación.
- De hecho, el Gobierno Nacional con la universalización
de las asignaciones familiares y el lanzamiento del Programa
"Argentina Trabaja" que está ya generando
10.000 nuevos puestos de trabajo en el conurbano y, tan
importante como eso, organización comunitaria y lazos
solidarios a través de la constitución de
cooperativas, son un camino cierto, enormemente más
eficaz que fantásticas soluciones que apelan a modificar
leyes punitivas. Así, el ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires con el anunciado
lanzamiento del Plan "Envión" señala
un camino que debemos profundizar, impulsar seriamente,
a fondo, con prioridad absoluta en la asignación
de recursos.
¿Y el ministerio de Seguridad provincial?
Que haga seriamente lo que debe hacer. Desarrollar un Plan
de Seguridad con eje en la prevención y la participación
comunitaria. Poner toda su energía, conjuntamente con
el accionar judicial, en la persecución penal de los
mercados y mafias delictuales que reclutan pibes como mano
de obra barata. Ser una eficaz herramienta del Estado que
ayude a disminuir violencia y no la exacerbe con la creación
de un enemigo interno, culpable de todo lo que sucede, y un
discurso fatuo y vacío que más se parece a una
arenga militar a una tropa en combate que a la explicitación
de una política pública.
¿Y los legisladores que deben
resolver este delicado tema? Les recomiendo que reparen en
el contexto en que hablan. No vaya a ser que digan "derechos
del niño" y signifique "hasta la vista, baby".
Porque entonces, lo que se viene son los tiros, como lo sabemos
todos los que ya vimos esta película.
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